La gestión de residuos es un desafío para los gobiernos locales y una oportunidad económica para los recicladores. Los recicladores encuentran en la recuperación de basura, la posibilidad de proporcionar dinero para sus familias, incluso aún cuando su trabajo no ha sido reconocido legal o socialmente. Se ha estimado que en América Latina hay más de cuatro millones de recicladores que trabajan principalmente en un mercado informal. El trabajo de estas personas sigue siendo estigmatizado y su presencia es sinónimo de inseguridad, pobreza, enfermedad y discriminación. En Perú se creó en el año 2009, una regulación conocida como "Ley del Reciclador", con el propósito de promover que los gobiernos locales desarrollen programas de reciclaje donde los recicladores informales pudieran ser incluidos proporcionando un nuevo servicio público. Después de más de cinco años de esta política, menos del 11% de los municipios, a nivel nacional, habían implementado este tipo de programa de reciclaje inclusivo. Desde la perspectiva de las ciencias políticas, es importante entender cuáles son los factores que han limitado la implementación de esta política. Con este propósito la cuestión principal de la investigación es ¿cómo se ha implementado en el Perú la política pública, que promueve a los gobiernos locales incluyan a los recicladores en los programas de segregación? La investigación considera un período de análisis entre los años 2011 a 2014 y aborda tres aspectos específicos: cómo se estructura la política pública; cuáles son las principales limitaciones en la implementación; y cuáles son los factores que generan estas limitaciones. Algunas de las principales conclusiones de la investigación son que la política considera el trabajo de los recicladores como un problema ambiental y no como la falta de oferta de empleo formal o la capacidad de la sociedad para incluir a las personas con baja formación académica. Así mismo, que fueron otros actores sociales quienes promovieron esta regulación, algunos de ellos ligados a la cadena de reciclaje informal y el mercado negro que prima en la gestión de estos residuos. Sin embargo, estos actores no han sido considerados en la norma y su trabajo sigue siendo parte de un sistema no regulado. Adicionalmente, se han encontrado diferentes limitaciones en relación con las capacidades políticas, técnicas, financieras, sociales e institucionales de los gobiernos locales para proveer un nuevo servicio público de la mano de un grupo social tradicionalmente informal. Los factores que se relacionan con estas limitaciones se han organizado en tres grupos: burocrático, relacional y territorial.
