Mientras la actualidad nos abruma, como ciudadanos, ante la proliferación de noticias en las que numerosas personas vinculadas con la Administración Pública del Estado y su “clase política” se ven involucradas en distintos casos de corrupción, la supervivencia del propio sistema democrático se quiebra ante lo que ésta trae consigo: la desconfianza, la pérdida de credibilidad internacional, el riesgo reputacional y el blanqueo de capitales vulneran el régimen financiero y socioeconómico. Por ello el estudio de dos fenómenos, que pese a sus diferencias, están claramente relacionados, como la corrupción y el blanqueo de capitales es un elemento clave en la lucha por el correcto y eficaz funcionamiento de la gestión pública. La razón no es otra que la asunción de que el “colofón” de quien sucumbe a la corrupción lo constituye el disfrute de los privilegios económicos que el abuso de su poder le comporta. A pesar de que no podemos hablar de un elevado número de supuestos de corrupción meramente administrativa, la denominada “corrupción política” parece estar viviendo un momento de gran proliferación -con casos tan mediáticos como la trama Gürtel, los ERE, la operación Púnica o NOOS-. Precisamente esta situación de especial vulnerabilidad ante la comisión de determinados delitos afecta específicamente a ciertas personas que ostentan funciones públicas de alto nivel, ya sean jefes de estado o de gobierno, políticos o funcionaros de partidos políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares, entre otros. Ante esta realidad, el GAFI (como órgano internacional dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, la proliferación y la financiación del terrorismo), bajo la denominación de Personas Políticamente Expuestas, establece para quien mantenga relaciones de negocios con ellas el despliegue de medidas reforzadas de diligencia debida. Siguiendo las obligaciones de carácter internacional y europeo, el legislador español incluye, completa y desarrolla la situación de las “personas con responsabilidad pública” y “personas del medio político” en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, para nuestro asombro, el Código Penal establece únicamente dos circunstancias agravantes, entre las que llama la atención la inexistencia de una agravante específica para personas que ostenten cargos de responsabilidad pública, en consonancia con el resto de la normativa antiblanqueo. En este trabajo, se pretende exponer la estrecha vinculación entre la corrupción y el delito de blanqueo de capitales, haciendo énfasis en cómo la lucha contra el segundo es clave para acabar con el primero, con especial atención a la ausencia de esta relación en nuestra legislación penal, analizando las carencias de ésta y medidas efectivas de lucha contra la corrupción producida en el seno de la gestión pública.
