En los últimos cinco años, el Gobierno de México emprendió una profunda política de prevención del delito a nivel nacional como eje fundamental de una estrategia de seguridad pública que pretende acabar con la criminalidad. A lo largo de estos años el Gobierno Federal ha distribuido más de $750 millones de dólares entre los 32 estados de la Federación y 300 municipios, mediante una fórmula que considera fundamentalmente población e incidencia delictiva. Con ese recurso se han realizado cientos de intervenciones principalmente dirigidas a la prevención primaria del delito, bajo el supuesto teórico de que en el largo plazo la criminalidad se verá reducida. Sin embargo, a la par de esa inversión, los principales indicadores de la delincuencia se han comportado al alza, lo que provoca cuestionamientos respecto de la pertinencia de la propia política de prevención. ¿Podemos culpar a la política de prevención del fracaso de la estrategia de seguridad pública? Definitivamente no. La pregunta entonces es ¿qué nos ha faltado? La respuesta pasa por muchos temas: la comprensión endémica de los problemas; la prevalencia del conocimiento técnico por encima de la negociación política; la vinculación de la política de prevención con la operación policial reactiva; enfocarnos en los objetivos; guiarnos con base en indicadores de resultados; poner en práctica el ciclo de implementación-evaluación. El primer paso es ponernos de acuerdo en qué entendemos por la focalización de la política de prevención. Si por focalización entendemos invertir los recursos en donde más inseguridad hay, muy probablemente estamos perdiendo de vista que la inseguridad en esas zonas proviene de otros barrios o colonias en donde se concentran diversos factores de riesgo. La focalización debe ser entendida como la concentración de nuestros esfuerzos en los individuos concretos en quienes se configura el perfil de un posible agresor, a partir de una serie de factores que pueden ser identificados con base en conocimiento técnico-científico. Lo anterior nos lleva entonces a la propuesta de que la focalización permite atender a los agresores o agresores potenciales desde una lógica social preventiva y no en cambio los lugares geográficos en donde se cometen los delitos. Esto implica dos cosas: 1) privilegiar la visión socio-cultural por encima de la penalización, y; 2) construir la herramienta metodológica que permita identificar a los sujetos prioritarios. Para esto último se propone centrarnos en dos fuentes de información: 1) el lugar de nacimiento y de residencia de los agresores, y; 2) el lugar en que se cometen los homicidios dolosos, entendiendo que un alto porcentaje está relacionado con la depuración de los grupos criminales en su espacio básico de convivencia y por tanto, de residencia.
