En la aproximación realizada a la construcción de políticas, planes y programas de salud mental en trabajos previos se han hecho evidentes las dificultades asociadas a la participación restringida de la comunidad en general y en particular, la participación de las personas y familias afectadas por problemas y trastornos mentales. Es relevante en estos hallazgos el desconocimiento de los derechos a la salud mental y las oportunidades de gestión, a pesar de los recientes intentos del estado colombiano por mitigar estos los obstáculos y dificultades de acceso. En lo que se refiere a la construcción de políticas de salud y discapacidad, la baja implicación de la comunidad se hace más evidente para las personas con discapacidad mental y aquellas que además han sido víctimas del conflicto armado colombiano, configurando un triple estigma: el de la discapacidad mental, el de víctimas y víctimas de crímenes de estado. Esta ponencia aborda la investigación realizada de 2016 a 2017, la cual ahonda en la exclusión de esta población, las dificultades para su inclusión política, el estigma asociado y las barreras identificadas: institucionales, grupales y sociales, así como los efectos nocivos en su acceso a una ciudadanía plena y al ejercicio de democrático participativo. Se hace énfasis en las dificultades para la participación territorial de estos colectivos y su invisibilización. Lo anterior se encuentra asociado a que la comunicación centro-periferia se encuentra en un proceso de desarrollo limitado en diferentes ámbitos de la gestión y de la administración.
