En 2006 se inició la llamada "guerra contra el narco", como una estrategia para enfrentar de manera directa al crimen organizado mediante la ocupación de los territorios bajo su control. Dicha estrategia, implicó la participación de las fuerzas armadas mexicanas en tareas de seguridad pública de forma sin precedente, trascendiendo por completo a las policías, quienes tradicionalmente se habían encargado de atender este problema. La nueva estrategia incluyó necesariamente la asignación de muchos mayores recursos para la seguridad pública. De 2006 a la fecha, con algunas excepciones, las partidas presupuestales para seguridad pública se han incrementado en más de 1000%, incluyendo las que ejerce directamente el Gobierno Federal, como las que se transfieren a entidades federativas y municipios para que ellos las gasten de acuerdo a prioridades regionales y locales. La priorización de este gasto, no se compara con otros rubros que podrían considerarse como prioritarios como el combate a la pobreza y el desarrollo económico. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el incremento en el dinero público no se han traducido en mayor seguridad, medida por un lado como percepción, ni como en los índices delictivos. Ante la aparición, persistencia y crecimiento de un problema público, una de las primeras respuestas de cualquier gobierno es la asignación de recursos, y en México vaya que se han incrementado consistentemente los presupuestos en la materia. El argumento de este trabajo es que los recursos crecientes para seguridad no han dado resultados por dos factores principales: baja calidad del gasto y por la corrupción. El primer aspecto se refiere a que el enfoque de los recursos no atiende los factores principales generadores de delincuencia y violencia, a un diseño erróneo de los programas de combate a la inseguridad, y a que las normas presupuestarias no fomentan un gasto eficaz del gasto. El segundo aspecto, tiene que ver con la politización de la competencia y ejercicio del gasto de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, cuyo enfoque ha sido la rentabilidad electoral y no la atención del problema, así como con el desvío de los recursos, que en gran medida no llegan a su destino.
