En los últimos años, debido al contexto de crisis socioeconómica y política que se ha atravesado, y se sigue atravesando en España, el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública se ha erigido en una de las principales herramientas de participación ciudadana. No en vano, en España, el acceso a la información pública constituye un derecho reconocido a todos los ciudadanos a nivel constitucional, en el art. 105.b) de nuestra Carta Magna. En el año 2013, nació en España la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que vino a dotar de una renovada y necesaria nueva regulación a esta materia, cuya regulación en la ya derogada Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, había sido tan denostada y criticada. Por ende, esta comunicación tiene como objeto el análisis de este derecho de los ciudadanos como herramienta de participación ciudadana en los asuntos de naturaleza pública; todo ello de conformidad con las previsiones de la reciente Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, de modo que quede expuesto cuál es el régimen jurídico actual en España de esta figura de participación ciudadana.
