El objeto de la ponencia propuesta es la identificación y análisis de los retos regulatorios derivados de la innovación tecnológica en el marco de la Smart City (en adelante, SC), a efectos de señalar mejoras regulatorias que faciliten una adecuada incorporación de las nuevas tecnologías de la información en la prestación de los servicios públicos y en el desarrollo de la actuación administrativa, con especial atención al sector urbanístico, dada la centralidad del desarrollo territorial sostenible en el modelo de la SC. La finalidad última de dichas tecnologías debe ser la mejora de las condiciones de vida de los vecinos, reduciendo desigualdades, incrementando la rendición de cuentas y la transparencia, reforzando la participación ciudadana, potenciando la sostenibilidad y mejorando la eficiencia en la actuación de administraciones y gobiernos. El crecimiento de las ciudades es exponencial, se espera que en 2050 más del 70% de la población mundial sea urbana. Las ciudades son los principales polos de crecimiento económico, de innovación y de atracción de capital humano, pero también es donde se concentran los grandes problemas de nuestro tiempo, como el cambio climático, la pobreza, o la desigualdad social. La Smart City (SC) es un modelo de ciudad basado en el uso intensivo de tecnología a todos los niveles, que propone respuestas a los desafíos actuales de nuestras sociedades, y sobre todo, una gestión más eficiente de los servicios públicos. La SC ha tenido una gran aceptación y se ha promovido su implementación de forma integrada desde diferentes niveles gubernamentales, internacional, europeo, estatal y local. Se han creado indicadores para permitir la comparación entre ciudades, redes para fomentar la compartición de experiencias, formas de regulación y gestión de éstas. Además, se ha puesto a disposición medios de financiación (ej. fondos FEDER) para el desarrollo efectivo de los proyectos. El desarrollo sostenible es un pilar fundamental en la SC y muchas iniciativas en esta materia han visto la luz (gestión de la movilidad, recogida de residuos, control de la contaminación lumínica y sonora, entre otros). Ahora bien, el cambio tecnológico es muy veloz y la legislación en ocasiones parece ir detrás de estos cambios, llegando, incluso, a dificultarlos. La gobernanza de ciudades inteligentes supone alteraciones en los modos tradicionales de gobernar, debido a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y a la participación de más actores en estos procesos (administraciones públicas, empresas tecnológicas, ciudadanos), con el consecuente cambio necesario en la regulación de algunas instituciones jurídicas (como la planificación urbanística), que creo deben ser revisadas a la luz de los más recientes avances tecnológicos en la gestión del gobierno urbano.
