En México la reforma constitucional en materia de derechos humanos, llevada a cabo en junio de 2011, tuvo como finalidad modificar la forma en que las autoridades promueven, fomentan, protegen y garantizan los derechos humanos. Sin embargo, la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia sobre el alcance de la reforma para el ámbito del Derecho administrativo afecta su eficacia porque es, precisamente, la Administración pública el ámbito de gobierno y gestión más cercano al ciudadano y a quien se dirige, principalmente, las obligaciones de actuación en materia de servicios públicos. Se analizan dos aspectos esenciales de la problemática, el retroceso de la concepción normativa y jurisprudencial de la posición jurídica del particular y su forma de relacionarse con la administración y la viabilidad de desarrollo del derecho a la buena administración en diferentes normas que componen el ordenamiento jurídico mexicano.
