Las Administraciones públicas generan ingentes cantidades de datos en el desarrollo de sus actividades cuyo uso y explotación puede resultar de gran interés tanto para las propias Administraciones públicas como para la ciudadanía gracias al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Los datos que genera la actividad de las Administraciones públicas son de gran utilidad para las propias Administraciones públicas. El uso de estos datos por las Administraciones públicas combinados con las técnicas de minería de datos y de big data y las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural puede facilitar la toma de decisiones públicas y la evaluación de la efectividad de las normas y de la eficacia de las políticas públicas. Pero, además, estos datos también pueden ser utilizados por la ciudadanía tanto para generar nuevas informaciones y servicios (por ejemplo, a través de las plataformas de economía colaborativa), como para facilitar la participación ciudadana en las Administraciones públicas (tanto en la toma de decisiones como en el análisis de los datos para incrementar la transparencia pública o fortalecer la integridad en las Administraciones públicas). Para ello, es necesario que los datos se pongan a disposición de la ciudadanía en unos formatos y con unas condiciones que faciliten la reutilización gracias a que son fácilmente accesibles, reutilizables y no están sometidos a restricciones técnicas o jurídicas que limiten o dificulten la reutilización. El uso y la reutilización de los datos tiene un alcance que trasciende los ejemplos que se han citado y comporta transformaciones en la manera como las Administraciones públicas gestionan los asuntos públicos y facilita una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. El paradigma de la gobernanza inteligente persigue dar respuesta a este nuevo escenario identificando y definiendo nuevos instrumentos de actuación de las Administraciones públicas y nuevos canales de relación con la ciudadanía basados en una mayor colaboración a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener mejores resultados y mayor apertura a la ciudadanía. Para que ello pueda ser así, el Derecho administrativo debe establecer las condiciones que faciliten el uso y la reutilización de los datos generados por las Administraciones públicas y debe acoger las nuevas maneras de tomar decisiones, prestar servicios, evaluar la eficacia y efectividad de dichas decisiones y canalizar la apertura a la ciudadanía de dichos procesos. En esta dirección, esta comunicación persigue perfilar el paradigma de la gobernanza inteligente e identificar los retos que su llegada a las Administraciones públicas puede generar para el Derecho administrativo.
