La mejora de la calidad normativa y su posterior evaluación forman parte de las preocupaciones recientes de nuestro Derecho público. No ha sido hasta fechas recientes que, principalmente por influencia de modelos anglosajones y de la UE, se han ido introduciendo medidas en esta dirección. Sin embargo, no sólo la recepción en nuestro país de esta tendencia ha sido tardía, sino que, además, su desarrollo, hasta la fecha, tampoco ha sido demasiado satisfactorio. En general, en España, y enmarcados estos cambios en una indudable “moda” a favor de su introducción, las transformaciones han sido más formales que materiales: se han introducido informes preceptivos previos y se han ampliado las exigencias de transparencia participación ciudadana. No está claro, sin embargo, que se haya logrado una modificación sustancial de la cultura de producción normativa ni que las mejoras hayan inducido transformaciones de fondo, más allá de la alteración de rutinas para “cumplir el expediente”. Así, entre uno de los muchos problemas, encontramos la falta de órganos adecuados para colaborar en un modelo ambicioso de mejora y evaluación normativa. E, inevitablemente, la mirada al entorno comparado aporta numerosas pistas sobre posibles mejoras a introducir. Así, entre los sistemas que tienden a la concentración de la tarea de evaluación y control normativo, encontramos el estadounidense, en el que gobierno ha desarrollado los Regulatory Oversight Bodies, agencias encargadas de la evaluación normativa, entre los que encontramos el OIRA. Compuesto por unos 40 miembros, es un cuerpo profesional y especializado en evaluar la calidad y los posibles impactos normativos. De forma similar al OIRA, la Comisión Europea ha establecido el Regulatory Scrutiny Board, un cuerpo técnico que revisa la legislación y realiza evaluaciones de impacto de la normativa europea. Tomando como ejemplo estos modelos, se propone, como ya ha sucedido en Alemania, la introducción de un órgano de similares características en el sistema español: una Agencia de apoyo al gobierno estatal o autonómico que, superando las tareas de fiscalización propias del Consejo de Estado y sus pares autonómicos, instaurase un modelo de “ayuda” y colaboración en la tarea de elaboración, evaluación y garantía de la calidad normativa. Dicha Agencia se convertiría en parte del proceso de elaboración normativa, apoyando a los promotores de la iniciativa y con labores de coordinación general de las tareas de gobierno, por lo que debería contar con personal especializado, combinando no sólo juristas sino también, economistas, sociólogos y especialistas en el tratamiento de información y datos. A través de una estrategia a largo plazo, el órgano también debería encargarse del fomento de la simplificación y evaluación de la normativa en vigor a través de propuestas de revisión, clarificación, codificación o derogación de todos aquellos textos legales innecesarios e irrelevantes.
