El principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre mujeres y hombres se consagran en la Constitución Española de 1978. Por ello, desde los años ochenta se comenzó a abordar en España el problema de la violencia que sufren las mujeres a través de diversas normas de rango legal y reglamentario. Ahora bien, el modelo de reparto competencial contemplado en la Constitución española, que requiere la cooperación de las diferentes entidades territoriales –Estado central, Comunidades Autónomas y, en menor medida, de las Entidades Locales- unido a la pluralidad de actuaciones a desarrollar para erradicar la violencia de género, introduce grandes dosis de complejidad a la realización de las medidas contempladas normativamente en esta materia. Para ello, se han ido diseñando diversos instrumentos de planificación que dieran coherencia y unidad a la acción de los diferentes poderes públicos en materia de prevención, protección y reparación de las víctimas. El presente trabajo, partiendo de la Constitución Española y del Derecho primario de la Unión Europea, pretende analizar las actuaciones diseñadas por el Reino de España en materia de lucha contra la violencia de género, plasmadas fundamentalmente en dos documentos estratégicos: el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobados por el Gobierno español como ejes rectores de las políticas que, en cumplimiento de la Constitución y la leyes, desarrollan las distintas administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de igualdad entre los géneros, analizando sus medidas y resultados de cara a valorar su eficacia para la erradicación de la violencia sexista.
