La violencia ejercida en el entorno familiar y en concreto la violencia de género, constituye un grave problema para la sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de los poderes públicos. En las últimas décadas estas actuaciones se han realizado tanto desde la perspectiva internacional como desde las diversas Administraciones Públicas del Estado Español. Para organizar las diversas medidas adoptadas ha sido fundamental la aprobación de los diversos planes y programas estratégicos en materia de igualdad y violencia de género, en particular la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 ha supuesto un elemento vertebrador y de seguimiento de todas las acciones realizadas. El presente trabajo pretende analizar las actuaciones que se han realizado en los últimos años siendo de especial relevancia la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas para la Protección Integral contra la Violencia de Género, elemento fundamental en la adopción de un conjunto de medidas de ámbito social, asistencial y judicial. Desde la perspectiva judicial, la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en lo relativo a las situaciones de violencia de género, supone el acceso al beneficio de justicia gratuita para todos los procesos, en relación con su condición de víctimas desde el momento de formulación de la denuncia, lo que implica garantizar su desvictimización y su defensa.
