En México la Ley General de Partidos Políticos estable que el financiamiento no público, puede ser por militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros, por lo tanto son sujetos obligados para rendir cuentas sobre sus ingresos por prerrogativas inclusive, así como información de su padrón de afiliados pero, no de sus simpatizantes. La norma jurídica determina que, los partidos políticos no pueden recibir aportaciones de personas no identificadas. Así como la ley conocida como Prevención del Lavado de Dinero obliga a las instituciones financieras a identificar el cliente y operaciones realizadas, así se debería aplicar para la identificación de los benefactores privados ante los partidos políticos, situación que no se plantea de manera directa en la norma jurídica. En el estado de Jalisco, ahora los militantes y simpatizantes deberán financiar a los partidos políticos estatales en tiempos no electorales, derivada de una reforma legislativa aprobada. Habrá que reforzar la vigilancia de las autoridades con el escrutinio de la sociedad civil por medio del Derecho de Acceso a la Información, la Transparencia y Rendición de Cuentas.
