La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi ha sido concebida como una «norma integral» que define la posición institucional del municipio vasco tanto en el ámbito de la acción pública como en el de la financiación. Plantea, por tanto, articular un modelo integrado de gobiernos locales que ha de ensamblarse de una manera armónica con los otros dos niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: Gobierno Vasco y Diputaciones Forales. El acercamiento de la acción de gobierno a la ciudadanía es una imperiosa necesidad política para que el derecho de participación de las ciudadanas y los ciudadanos sea real y efectivo y para que sea posible un verdadero control y una decisiva participación en la administración de los recursos y en la solución de los problemas que nos afectan. Fomentar la condición de administración de proximidad que tiene el municipio en relación con la ciudadanía requiere de una apuesta decidida por mejorar el diálogo entre la institución municipal y sus vecinos y vecinas, por articular un sistema de transparencia que facilite la rendición de cuentas, y por fomentar un desarrollo sostenible de la calidad de vida de la ciudadanía. Es en esa dirección en la que se enmarca la regulación que se lleva a cabo de la participación ciudadana y de la transparencia, así como el desarrollo de la gestión de servicios públicos locales y, en particular, las competencias que se atribuyen a los municipios. Esta ponencia analizará los espacios de oportunidad que ofrece esta ley para lograr una profundización de los instrumentos de participación ciudadana en clave de asentar el buen gobierno en el ámbito local, impulsando la efectiva participación de la ciudadanía en la iniciativa, diseño, elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas locales, partiendo del refuerzo del derecho de participación ciudadana y de una construcción de los procesos de participación deliberativa a través de los acuerdos de deliberación participativa, la vertebración de la participación en los procesos de impulso, elaboración y aprobación de ordenanzas y en la identificación de compromisos de gasto público en los presupuestos municipales y una avanzada regulación de las consultas ciudadanas en el ámbito local, con expresa diferenciación de lo que son consultas populares respecto a otro tipo o modalidad de consulta, como son las consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado y las consultas ciudadanas abiertas.
