El proceso de posicionamiento y legitimación de un discurso hegemónico contemporáneo según el cual a los ciudadanos les asiste, de acuerdo a sus capacidades y merecimientos, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político a través del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, se encuentra ligado al surgimiento del concepto de mérito que, además de ser funcional a la pretensión ilustrada de la modernidad de sustituir formas ilegitimas o pre-modernas de acceso a los empleos públicos, se vincula al ejercicio real de derechos fundamentales de carácter sustantivo, como el de la “igualdad de oportunidades”, en contextos históricos donde los Estados modernos, y sus aparatos burocráticos, se han constituido en grandes empleadores, y así, en escenarios en donde se concentra la mayor oferta de un recurso bastante preciado y escaso como es el empleo con reglas formalmente claras de promoción fundadas en la capacidad individual. Lo anterior, en contraste con lo que caracterizaremos como prácticas pre-modernas de ingreso al servicio público, con manifestaciones como la arbitrariedad, el patrimonialismo, el nepotismo o el clientelismo. Frente al discurso hegemónico de la meritocracia como manifestación deseada de la modernidad han surgido algunas críticas, como por ejemplo las expresadas por los sociólogos franceses Pierre Bourdieu y François Dubet. respecto de la función ideológica y legitimadora de los sistemas educativos modernos en la producción y reproducción de las desigualdades sociales, o la idea de que el de mérito como condición para ascender socialmente, transforma las sociedades en "muy violentas y muy poco solidarias".
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