Uno de los mecanismos más generalizados para prevenir prácticas corruptas o, al menos, irregulares por parte de los gobernantes y sus colaboradores, así como para hacer efectivo el mandato de rendición de cuentas, es el consistente en ordenar la publicidad o, al menos, accesibilidad, de las informaciones relativas a los mismos y al ejercicio del cargo: currículo, actividades profesionales previas, retribuciones y todo tipo de ventajas derivadas del ejercicio del cargo público, patrimonio personal y/o familiar, rentas anuales, agendas institucionales, entre otras. En este sentido, probablemente debido a la necesidad de recuperar la credibilidad perdida debido a los graves escándalos de corrupción acaecidos, en España los niveles de transparencia no cesan de incrementarse en los últimos años, rozándose en algunos aspectos la transparencia absoluta, lo cual puede plantear, a su vez, problemas de conciliación con otros derechos constitucionales (como la intimidad persona y familiar). En esta comunicación se da cuenta del estado de la cuestión en la actualidad en el ordenamiento español.
