El objetivo de esta ponencia es definir un marco normativo que pudiera dar cobertura a un modelo de actuación conjunta y coordinada entre el sector público y el sector privado, que permita reconocer la posibilidad de constituir Áreas de Promoción Económica (APE), con capacidad de autofinanciación. La propuesta toma como referencia el modelo internacional de los Business Improvement Districts (BID), que han demostrado ser un mecanismo muy eficaz de gobernanza, capaz de articular satisfactoriamente los intereses públicos y privados en juego. Su característico proceso democrático de constitución garantiza la implicación de los sujetos afectados. Al tiempo, la clave de la efectividad de los BID es que disponen de una fuente de financiación suficiente y sostenida en el tiempo. El modelo BID podría servir para dinamizar los centros comerciales urbanos y otros entornos donde haya actividad económica, como los polígonos industriales o los destinos turísticos. Aún no está nada claro en qué términos podrían trasladarse los BID a España y qué modificaciones legislativas serían necesarias. Hasta ahora, no se ha podido encontrar dentro del vigente ordenamiento jurídico una fórmula adecuada para articular la colaboración que efectivamente ya se está llevando a cabo entre diferentes sujetos y entidades públicas y privadas y darle una estructura jurídica ágil y efectiva para ejecutar con éxito los planes de competitividad y revitalización de las actividades económicas en determinadas áreas geográficas. La presente propuesta constituye un intento de dar respuesta a esas preguntas, pergeñando un marco normativo que pudiera dar cobertura a un modelo de colaboración entre el sector público y el sector privado para la creación, desarrollo y fortalecimiento de áreas urbanas constituidas con el objetivo de promover las iniciativas económicas y revitalizar el entorno urbano. Si se pretende que una figura similar a los BID pueda desarrollarse en todo el territorio nacional con una cierta homogeneidad, podría adoptarse un marco legal de carácter estatal que estableciera la posibilidad de constituir “áreas de promoción económica” que, mediante una organización y responsabilidad financiera propias, pudieran prestar servicios complementarios o adicionales –en ningún caso sustitutivos- de los que presta la Administración pública. En definitiva, la creación de estas áreas de promoción económica no conllevaría la retirada del sector público de sus responsabilidades respecto de la prestación de los servicios públicos, de la infraestructura o de la seguridad pública. El nuevo marco legal tendría que permitir la creación de organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios complementarios y realizan actividades de promoción y refuerzo de la competitividad de una determinada área geográfica gracias a la generación de ingresos anuales provenientes de las contribuciones de los agentes económicos situados en la zona.
