Los Distritos de Mejora del Comercio nacen como respuesta al declive de las zonas comerciales urbanas acaecidos a partir de los años 50 del siglo pasado. Tuvieron un rápido desarrollo desde que saltaron de Canadá a Estados Unidos -para, posteriormente, ser adaptados en Reino Unido, Nueva Zelanda o Sudáfrica, países punteros como, de forma excepcional en sus inicios, Serbia- (Hoyt, 2005). Desde la década de los 90 se lleva documentando el beneficio que estas áreas tienen para el tejido social y comunitario en el que se implementan estas iniciativas (e.g., Garodnick 2000, o Pack 1992). Sin embargo, una perspectiva también profusamente trabajada, pero más desconocida, es la de la seguridad pública. Desde la primera experiencia en West Bloor Village (Toronto) en 1970, los BIDs han sido concebidos como espacios con una excepcional capacidad de auto-regulación en materia de resolución de problemas -siempre dentro del marco normativo preestablecido, tal y como ha sido documentado por el MIT en el año 2007. Además de evitar problemas derivados de la gentrificación, una de las principales características de estas áreas es el aumento de la gobernanza en términos de seguridad pública e inclusión social (Hoyt, 2004). Diferentes estudios han puesto de manifiesto que la colaboración público-privada en materia de seguridad pública en estas áreas tienen un efecto disuasorio sobre los delincuentes contra la propiedad (Hoyt, 2004), pero también efectos sobre los delitos considerados violentos (Cook y MacDonald, 2011; MacDonald et al., 2010). Además, recientes aproximaciones al concepto de ‘caminabilidad’ urbana (Subiza y Vozmediano, 2015) suponen apoyar el desarrollo de estas áreas como espacios capaces de prevenir la delincuencia a través del uso del espacio público, complementando la visión tradicional de prevención del delito a través del diseño urbano, frecuentemente utilizada en los BIDs (MacDonald et al., 2009).
