Mi ponencia contiene sugerencias e iniciativas para sentar bases sociales e institucionales para la reducción de la corrupción en el Perú, pero que igual aplican para el contexto iberoamericano en general. En primer término realizo un diagnóstico de la lucha de la corrupción en Perú en los años '90, resaltando como factores comunes a cada organización que posibilita la corrupción: 1) Asignación informal de funciones a funcionarios y servidores. 2) Innecesaria complejidad de procedimientos a los cuales son sometidos los ciudadanos. 3) Poca efectividad de los sistemas de planificación, programación, ejecución, control, seguimiento y monitoreo de las actividades de la gestión pública y de sus resultados. 4) Discrecionalidad en la interpretación y aplicación de las reglas por parte de la autoridad, funcionario o servidor público. 5) Vinculación o no entre el mérito y la compensación salarial de los funcionarios del Estado. En segundo término, expongo cuatro condiciones político-sociales para la lucha contra la corrupción: 1) Rechazo a la impunidad, para reconstruir la confianza ciudadana. 2) Constituir una alianza Estado-sociedad contra la corrupción. 3) Fortalecer el liderazgo público y privado. 4) Establecer coto a la corrupción inmunizando al Estado y a la sociedad. Para el logro de estas condiciones señalo los siguientes instrumentos: 1) Institucionalizar la lucha contra la corrupción en el marco de la gobernabilidad democrática. 2) Reducción de la discrecionalidad en la gestión pública a través de mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas. 3) Promover la ética pública, involucrando a todos los miembros de la sociedad. 4) Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública y sus resultados. El Perú tiene un patrón de crecimiento económico sostenido, pero que aún cuenta con desigualdad, con aproximadamente un 25% de la población en situación de pobreza y un 20% en pobreza extrema. En este contexto, la gobernabilidad en una perspectiva de desarrollo humano es esencialmente gobernabilidad democrática, que implica una demanda no solo de buen gobierno, en el sentido de eficiencia (capacidad de aplicación de políticas) y eficacia (capacidad de solución de problemas básicos), sino de gobierno democrático, es decir, de representación y participación organizada de la población en la toma de decisiones, gestión y control. El buen gobierno no es solo un problema de bondad y sabiduría de los gobernantes, sino también un problema de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que le atañen y en el control de la ejecución de las mismas. Ello es transparencia en la acción de gobierno, respeto al Estado de Derecho y responsabilidad de los gobernantes frente a los gobernados.
